A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en agosto de 2007 que es inconstitucional que los bancos cedan o entreguen la cartera vencida de sus clientes morosos a empresas especializadas en la adquisición de deuda, y eso aplica para el caso de los despachos de cobranzas, esto no ha sido respetado.
En este sentido, Antonio García Mendoza, diputado del Partido Social Demócrata (PSD) del estado de México, propone tipificar como conductas delictivas el acoso crediticio y hostigamiento comercial, ya sea fuera de instancia, proceso judicial o sin la intervención de la autoridad administrativa, ya que pueden intimidar u hostigar en su domicilio particular, de familiares o trabajo a los deudores.
García Mendoza señaló que “es importante detener este tipo de acciones nocivas y sancionar a las personas que de mala fe, utilicen métodos violentos para obtener el pago de las deudas”.
Destacó que esta iniciativa considera como una agravante la realización de esta actividades cuando se efectúan intimidando a menores de edad o adultos mayores, mediante llamadas en horarios y días inhábiles bancarios; además de la publicación de la situación financiera privada del deudor.
Ante esto, el representante de la legislación local comentó que “esta propuesta deriva del reclamo legítimo y justo de millones de usuarios que han sido molestados sin respeto a las formas, a las leyes y al más elemental derecho a la privacidad de su hogar”.
Añadió que otras modalidades que deben ser añadidas en el acoso crediticio es que se aprovechen de la ignorancia, inexperiencia o condición financiera de una persona para que se obtengan ventajas indebidas a través de convenios en condiciones usurarias.
Todo ello implica modificar el Código Penal del estado de México, cuyas sanciones serían de uno a tres años de prisión, además de una multa no inferior al 150 por ciento de las sumas exigidas.
Esta iniciativa apunta que los factores que detonaron estas circunstancias fue la crisis económica que vive el país debido al desempleo, la pérdida del poder adquisitivo y las elevadas tasas de interés, lo que ocasionaron que la gran mayoría de las personas que adquirieron créditos haya caído en sobre endeudamiento.
De acuerdo a la Comisión para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), se estima que cada usuario posee en promedio 1.5 tarjetas de crédito, por lo que aproximadamente en México existen 16 millones de personas que tienen “dinero plástico”.
Las personas endeudadas destinan más del 30 por ciento de sus ingresos para pagar sus deudas, sin lograr disminuir el saldo, por lo que quedan expuestos al acoso de bancos y despachos de cobranzas.
Por otra parte, la Fraternidad Nacional de Deudores (Frande), informó que en 2009 existían 4.5 millones de personas que cayeron en insolvencias en tarjetas de crédito y para junio de 2010 se espera que llegue a 10 millones de deudores, cifra que aumentará debido al incremento en las tasas de intereses y el deterioro del ambiente económico.
